Como un animal acorralado que solo tiene sus uñas y dientes para defenderse. Así se siente el principal imputado por el desfalco de 7,8 millones de euros de la caja municipal, Clemente Ruiz. Como rachas de viento recupera y pierde las fuerzas según el día, aunque en esta ocasión no piensa morderse más la lengua. Está dispuesto a contar todo lo que ocurría en la Delegación de Economía y Hacienda, todo lo que se ha ido guardando para ese juicio que no llega. Precisamente la paralización del proceso judicial y la falta de novedades en la investigación, es lo que alimenta su rabia y lo que le impulsa con nuevos ánimos para demostrar su inocencia. Su intención es desmontar los testimonios de sus superiores, aquellos que firmaron para denunciarle por la falta del dinero.
El interventor y la tesorera son sus primeros objetivos, ya que asegura que han creado una imagen de descontrol que no es cierta, motivo por el que los responsables no estaban al tanto de los descuadres de la caja. Él asegura que en todo momento eran conscientes de las cifras y de ese descuadre que en apenas cinco años alcanzó los 7,8 millones de euros.
Por ello ataca a las declaraciones que el interventor realizó en diciembre de 2009, un mes después de que se decretase la prisión provisional para el excajero. «Según el interventor en noviembre de 2008 el interventor, la tesorera y el jefe de contabilidad, se reunieron para comprobar los valores y que ante las dificultades que encontraron decidieron poner en enero de 2009 la contabilidad a cero. Es decir que ellos llevaban las cuentas del Consistorio desde los meses de enero a abril, periodo en el que supuestamente se perdieron 468.000 euros. ¿Cómo se les pudo ir tanto dinero en los tres meses del año?».
Y es que, según Clemente esta medida no fue comunicada a la plantilla de Hacienda, que continúo reflejando en los arqueos diarios el descuadre que se arrastraba desde el año 2004. Tanto en las hojas de caja, elaboradas por los cajeros, como en los documentos informáticos y en el libro auxiliar de arqueos, realizado por unas auxiliares de caja. El excajero añade de que esta decisión era inviable de llevarse a cabo, ya que el programa utilizado para llevar la contabilidad (Sicalwin) no deja poner las cantidades a cero.
«A los tres meses deciden hacer un arqueo extraordinario, cuando las cuentas supuestamente debían de estar al día pues se reinició la contabilidad, y como resultado dio que faltaban 468.000 euros. Lo curioso es que si pusieron la contabilidad a cero tendrían que llevar un control personal sobre el dinero que se necesitaba para Servicios Sociales. ¿Cómo es posible entonces que se siguiesen haciendo cheques de 20.000 euros?».
No era tan complicado
El principal imputado tampoco entiende que se pusiera la contabilidad a cero por no poder contar los avales, ya que expone que todos esos documentos los guarda en la caja fuerte de su despacho la tesorera. Por ello, para verificarlos hubiera sido tan sencillo «como contarlos. También podrían haber resuelto el problema como hicieron el 1 de abril cuando llamaron a la administradora del Sicalwin y el interventor se llevó dos hora comprobando los avales de todos los años».
Por otro lado, si el motivo de poner la contabilidad a cero, consistía en la desconfianza hacia los cajeros, Clemente afirma que lo más fácil era coger cualquier mes, semana y día para pedirle al programa los ingresos de cualquier fecha y compararlo con el dinero que había en la caja. «Y si el problema son los cheques de Servicios Sociales solo hace falta pedir las justificaciones para realizar comprobaciones de quién y cómo se expedían. Además, Servicios Sociales tiene un programa informático que hace fácil conocer en todo momento la previsión del dinero necesario a diario, así como el control de los pagos realizados, siendo muy complicado un posible engaño a la hora de justificar las salidas de los cheques de 20.000 euros». Sin embargo, a nadie le llamó la atención la salida de tanto dinero desde Servicios Sociales.
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